Se debe concebir la política fiscal como un instrumento para la redistribución de la riqueza en el seno de las sociedades y para la protección social. A nivel del estado, esto implica que la definición de las políticas económicas en general ya no se haga en provecho de los mercados financieros, sino en función de valores sociales decididos democráticamente. Unas experiencias como el presupuesto participativo constituyen inicios de realización de tales cambios. Los ingresos fiscales deben ser administrados de manera equitativa y transparente, basándose esencialmente en la imposición de las ganancias del capital, de la riqueza, de las plusvalías y del consumo. El sistema debe ser altamente progresivo, gravando de impuestos los ingresos del capital y de la riqueza con más presión, y disminuyendo los impuestos sobre el trabajo, los ingresos fruto del trabajo y los bienes de consumo populares. El reglamento de la cuestión de la deuda constituye para los países del Sur una condición indispensable para la puesta en aplicación de estas reformas y para una democratización del presupuesto público. Esto debe permitir reforzar los sistemas públicos de protección social, los únicos que pueden efectuar una redistribución social equitativa, ante el aumento de los sistemas privados de seguro.
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